Invitamos a distintos abogados para alimentar la discusión en torno al texto aprobado por el Consejo Constitucional. Más allá de las opiniones que cada uno puede tener, o la que nuestros consultados tiene, queremos poner frente a usted una mirada técnica y objetiva que le ayude a decidir su voto en el próximo Plebiscito Constitucional 2023.
Considerado como un todo, y en el contexto de la historia constitucional chilena ¿Es un buen texto la propuesta 2023?
Reconociendo que es un esfuerzo razonable, respecto del proceso, lamentablemente no estimo que el resultado sea un buen texto. Es imposible generar un buen texto constitucional en solo ocho meses, además teniendo que intentar saltar vallas tan ideológicas marcadas por los famosos 12 bordes.
Es un proyecto muy vaciado de todo contenido. De modo que, reconociendo el esfuerzo, estimo que la propuesta no es un buen texto.
¿Qué rescatas del texto propuesto, y qué sería lo peor?
Rescato el esfuerzo del Partido Republicano y de Chile Vamos por plasmar realmente una representación de la sociedad libre que le ha dado prosperidad Chile. Y en ese contexto destaco el contenido valórico respecto de la protección de la familia y de la vida como segundo aspecto. También el intento de interpretar que hoy día en Chile el énfasis está en la seguridad. En eso el texto apunta correctamente.
Respecto a las cosas que me parecen graves, lo primero es el cambio de la matriz ideológica. Creo que es una ideología equivocada la que inspira el texto en general y puedo dar ejemplos en ello. Me parece equivocado el que se consagre un estado social y democrático de derecho. También la igualdad sustantiva, o igualdad de resultados. El reconocimiento de derechos colectivos a los pueblos indígenas, lo estimo una cosa muy regresiva y equívoca.
Asimismo, los elementos de ecologismo profundo (Capítulo XVI). Es absurdo e incomprensible que en un texto constitucional se de reconocimiento del cambio climático (Artículo 212) con todas sus consecuencias, y la apertura hacia la cooperación internacional en ese ámbito. Se le dio acceso sin mayor control democrático (para su interpretación y aplicación) a normas de menor jerarquía, como son los tratados internacionales (Artículo 3, incisos 1 y 2). También me parece peligroso el enfoque disminuido que se le dio a las Fuerzas Armadas, en el sentido de que estas ya no serán esenciales para la defensa de la patria (como dice la actual Constitución, en el Artículo 101). Ese concepto desaparece, y se les definió simplemente bajo “obligaciones constitucionales” (su principal función sería la defensa de la soberanía, la seguridad de la Nación y la integridad territorial, según el Artículo 114 de la propuesta) lo cual no interpreta adecuadamente lo que las Fuerzas Armadas significan para Chile.
¿Ayuda la propuesta a resolver los problemas de inseguridad, terrorismo, delincuencia y las demás urgencias sociales?
Es evidente que nunca estuvo el problema de aquello en la institucionalidad constitucional, sino que más bien en una decisión política, de realizar las cosas.
Las propuestas constitucionales no significan nada en sí mismas, y ese es uno de los problemas que tiene el texto. Al contrario, se pueden retrasar las soluciones, porque deben aterrizar con leyes institucionales, en el Congreso.
La aspiración que este proyecto trae queda en manos del actual gobierno, para que éste le coloque la impronta a esa legislación, la que ellos interpretan que debe ser. Por lo tanto, yo creo que si bien es cierto hay un esfuerzo de definición, queda en lo meramente programático.
¿Es efectivo que si gana el A Favor se cierra el tema constitucional y el país recupera su estabilidad? ¿Qué consecuencias podría tener que gane el En Contra?
Yo estimo que, justamente por la necesidad de concretar las nuevas instituciones, y aterrizar todo el aspecto programático de la nueva constitución, va a significar que lejos de cerrarse el tema constitucional, recién comienza.
Son más de 30 proyectos de ley que deberían enviarse el Congreso dentro de los próximos años (unos dentro del primer año, y otros dentro de los primeros cinco años), para poder aterrizar la institucionalidad y el programa que el proyecto trae.
Por tanto, todo el estamento político del Congreso, el mismo Gobierno (y el próximo) va a estar abocado en esa pelea. Además, con un “árbitro de resolución de conflictos” absolutamente adverso a quienes redactaron la propuesta, porque el Tribunal Constitucional hoy día claramente está en manos de la izquierda.
De modo tal que, si gana el A Favor, no se cierra el proceso. Muy por el contrario: el En Contra es una demostración más de lo que ocurrió el 4 de septiembre. Es decirles a los políticos: “Se acabó este tema, no hay más. No les vamos a permitir ningún otro ensayo ni ninguna otra farra de esta naturaleza. Con la institucionalidad que tenemos empiecen a resolver los problemas que apremian a la gente”. Y el primero de ellos, obviamente, es el de la seguridad, y también el del desarrollo. Pero lo que Chile está viviendo con respecto a violencia delictual, de bandas organizadas, de narcotráfico, de secuestros, debe ser la primera prioridad, no sólo del gobierno, sino que de todas las autoridades.
¿Qué herramientas incluye la propuesta para que, efectivamente, se acabe la violencia política, y nunca más se produzcan hechos como los del llamado Estallido Social de 2019?
De eso no hay garantías ni con el nuevo proyecto, ni con la actual constitución. Es una actitud de la izquierda radicalizada que sabemos que no va a parar. El punto está en que nosotros no le cedamos ningún espacio más y efectivamente, que esto se acabe porque le pusimos punto final.
Quien se entregó a un proceso impuro desde el inicio fue la propia derecha. Chile Vamos, con el presidente Piñera. El primer proceso y el segundo proceso fueron una cocina política de la derecha con la izquierda.
Esa actitud es la que tiene que parar, porque evidentemente la izquierda va a tener siempre en su programa la pretensión de refundar Chile. De eso ya estamos absolutamente notificados. Pero de nosotros depende que les entreguemos ese espacio. No pasa por la institucionalidad, ni por lo que pueda decir la actual Constitución, la futura o la que se pretenda dictar.
¿Cuál sería el camino a partir del 17 de diciembre, para que Chile se ponga nuevamente en marcha?
Creo que si se interpreta correctamente que el En Contra no es en contra del trabajo que hicieron los republicanos, sino muy por el contrario: un reconocimiento a que ese trabajo (pero que fue insuficiente), va a quedar en claro que el pueblo de Chile, en su inmensa mayoría, no quiere más estas cocinas armadas por los políticos, ni estas decisiones que nadie les ha mandado tomar. Y por tanto nosotros no estamos dispuestos a concedérselos.
Es un tema de actitud respecto de las autoridades, no solamente del gobierno, sino también de la oposición: Exigir que las autoridades se dediquen a su función, que hoy día es terminar con la violencia delictual con firmeza, y reactivar el país.
Jorge Reyes Zapata es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido asesor legislativo, panelista de televisión y de líder de opinión en diferentes causas valóricas en defensa de la vida y la familia.
Dejar una contestacion