A propósito de los incendios forestales que han devastado Viña del Mar, nuevamente ha quedado en evidencia la necesidad de fortalecer el marco jurídico que consagra la legítima defensa, especialmente en situaciones de catástrofe o incluso bajo estado de excepción constitucional.
Lo que hemos visto una y otra vez en situaciones similares es que el Estado no tiene la capacidad de contener al lumpen, y los ciudadanos indefensos no tienen las suficientes herramientas materiales o jurídicas para hacer frente a los delitos que se cometen ante a sus ojos en una situación extrema.
Lo que se sabe hasta ahora, por ejemplo, es que muchos vecinos fueron testigos de cómo grupos organizados iniciaban focos de fuego que se propagaban rápidamente, haciendo aun más difícil la labor de bomberos y policías. Incluso bajo el toque de queda, los militares y marinos en labores de patrullaje eran incapaces de extenderse por todas las zonas afectadas, lo que facilitó que grupos criminales o rateros de ocasión ingresaran a saquear en los vecindarios siniestrados durante la noche.
En Chile, esto ha ocurrido muchas veces en situaciones de catástrofes y emergencias, cuando los delincuentes se aprovechan del sufrimiento para obtener ventaja sobre las víctimas (y hay que reconocer: sin mucha dificultad).
En los videos que circulan por WhatsApp y Redes Sociales se pudo ver a grupos de vecinos armados con palos, con fierros, en el mejor caso con machetes, en la oscuridad de la noche con unas pocas linternas, haciendo guardia y cazando a estos sujetos. Según relatos que también circulan se sabe que la turba enardecida, aplicó la justicia tribal, y linchó a más de algún sospechoso.
Lo que voy a decir probablemente va a generar reacciones de todo tipo: no podemos esperar que el Estado resuelva todos nuestros problemas de seguridad, porque no es ni omnipotente ni omnipresente.
En un país de catástrofes y emergencias como Chile, legó el momento de entregarle a los ciudadanos las herramientas y el marco legar para defenderse en situaciones extremas, sin que eso signifique retroceder 5.000 años en la historia de la civilización.
De hecho sólo bastaría con que retrocedamos al Chile del siglo pasado.
En situaciones normales, el Estado tiene el monopolio de la fuerza para reprimir a los criminales con violencia; nadie más puede hacerlo. En situaciones normales, nadie puede ser detenido contra su voluntad a menos que exista una orden judicial. En situaciones normales ningún ciudadano tiene derecho a ejercer labores de orden público, y de hecho es ilegal organizarse con ese fin. En situaciones normales nadie puede portar armas de fuego fuera de su propiedad, etcétera.
Eso, como digo, en situaciones normales. Pero las catástrofes, aunque (como en Chile) puedan ocurrir frecuentemente, no son situaciones normales.
También en situaciones normales alguien que es víctima de la violencia criminal y que repele esa agresión puede alegar frente a un tribunal legítima defensa. Eso según lo que señala el artículo 10 del código penal, del número 4 al 6.
La legítima defensa una eximente de la responsabilidad penal. Es la justificación para que una persona no sea declarada culpable. En definitiva, lo que significa es que no hay delito ni pena cuando el tribunal determina que el afectado actuó en legítima defensa de su vida “o sus derechos”.
En síntesis, la legítima defensa no es un derecho que los ciudadanos puedan ejercer de manera preventiva y organizada, si no por así decirlo: sólo de forma reactiva e individual; se tiene que demostrar, y opera como último recurso en situaciones extremas, cuando ya un criminal tienen la ventaja táctica sobre su víctima. Y la policía en el mejor de los casos, toma nota del hecho delictual.
¿Tenemos que conformarnos entonces con la indefensión y el desamparo en la que quedamos frente situaciones de catástrofe, cuando el Estado no puede protegernos? ¿Será que la única alternativa es aceptar que la turba organizada imponga el orden a palos, con los riesgos morales que eso conlleva?
No.
En Chile, existió en la década de 1930 algo que se conoció como las Milicias Republicanas. Sin pretender jamás reemplazar a las policías y Fuerzas Armadas, tuvieron independencia política y el marco institucional para colaborar con ellas “en defensa del orden constitucional”. Se les consagró como “fuerzas patrióticas de la civilidad que no comprometen el orden legal”.
Estaban organizadas de forma jerárquica y piramidal, bajo el mando de un Estado Mayor General. Eran civiles dispuestos a colaborar localmente a nivel provincial bajo el mando de las autoridades militares, en situaciones de excepción.
Según fuentes de la época llegó a contar con un contingente de 50.000 a 80.000 hombres. En octubre de 1934 llegaron a desfilar en el Club Hípico 40.000 hombres. Y sólo en la cuidad de Valparaíso, con motivo de la conmemoración del Combate de la Concepción, desfilaron 5.000 hombres. Fue un fenómeno inédito, sólo comparable con los batallones cívicos movilizados durante la Guerra del Pacífico.
Por supuesto tenían cuarteles, armas, cursos, campañas e instrucción, a cargo de oficiales y clases en retiro de las Fuerzas Armadas. Todo financiado además de forma particular, y sin remuneración.
Esto después se diluyó, pero quedan vestigios del sistema en la Reserva Nacional y la Defensa Civil, que dependen del Ministerio de Defensa.
Hoy en día, frente a los desafíos de seguridad que nos afectan, parece necesario la creación de Milicias Civiles, que tengan un marco institucional estricto, similar al de los Bomberos, que les entregue las herramientas para organizarse, el permiso de portar armas para defender a la comunidad, y actuar siempre respetando la Ley y los derechos de las personas, siendo independientes del poder político, también de las policías y Fuerzas Armadas, pero que sean reguladas por las autoridades competentes.
Durante el tiempo que duró el sistema de las Milicias en Chile no se sabe que éstas hayan cometido abusos contra la población civil. En Chile actualmente tenemos varones y mujeres suficientemente capacitados para encabezar e integrar un sistema de Milicias Civiles para actuar junto con policías y Fuerzas Armadas al menos en situaciones de emergencia.
La formación de milicias ha demostrado ser la forma perfecta para la defensa de una nación organizada de manera democrática y libre. Fue lo que nos permitió en 1810 iniciar un proceso de independencia y defender nuestra soberanía. Sin embargo, lamentablemente en Chile formar milicias es un delito gravísimo en Chile. La evidencia reciente nos indica que, o bien avanzamos en esta dirección, o mejor legalizamos el linchamiento de las turbas.
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