Invitamos a distintos abogados para alimentar la discusión en torno al texto aprobado por el Consejo Constitucional. Más allá de las opiniones que cada uno puede tener, o la que nuestros consultados tiene, queremos poner frente a usted una mirada técnica y objetiva que le ayude a decidir su voto en el próximo Plebiscito Constitucional 2023.
Considerado como un todo, y en el contexto de la historia constitucional chilena ¿Es un buen texto la propuesta 2023?
Con la Constitución de 1980 nuestra historia constitucional marca un giro favorable al protagonismo de la sociedad civil, con el principio de subsidiariedad. La propuesta da un retroceso importante al consagrar la noción de estado social y democrático de derecho, que es incompatible con la subsidiariedad. El mismo Luis Silva lo reconoció, antes de empezar este proceso: implica que el estado tendría un rol protagónico a la hora de proveer ciertos derechos sociales.
Además es una noción vaga. Pero implica que el Estado estaría obligado a garantizar la provisión de estos derechos. Da para mucho. ¿Cómo consagran en una constitución un concepto que va mutando, y que no está claro qué significa? Si se aprueba, tendríamos una constitución fundamentada en el concepto de “Estado derecho social de derecho” que nadie tiene totalmente claro en qué consiste, excepto en que tendremos más estado.
Otro problema del concepto es ¿qué son los derechos sociales? Para mí los derechos por definición son personales, no colectivos. Para alguien quizás la previsión es un derecho social. Entonces un grupo de legisladores podría decir: “Las AFP no están cubriendo bien esta necesidad. Y por ende, corresponde al Estado hacerse cargo”. Y pueden dictar una ley que resulte muy restrictiva, o incluso que termine siendo prohibitiva, para la existencia del sistema AFP; y se van a agarrar del concepto «estado social de derecho». Si después un grupo de diputados presenta un requerimiento en contra de ese proyecto al Tribunal Constitucional, les pueden responder: “De acuerdo con la noción de estado social y democrático de derecho, que está consagrada en el artículo primero de la Constitución, está bien este proyecto de ley”. Les estamos dando pie para que limiten nuestras libertades. Ese es el problema.
En el fondo, es un texto experimental ¿Hasta dónde nos puede llevar y cómo? No lo sabemos. El límite, en el extremo, es un estado totalitario.
¿Qué rescatas del texto propuesto, y qué sería lo peor?
Rescato el intento de mantener algunos de los avances de la Constitución de 1980, como la subsidiariedad, el recurso de protección y la mayoría de las garantías o libertades.
Lo peor es que, justamente, ese intento resulta insuficiente, e incluso, en algunos casos, se retrocede, como ocurre con la judicialización de los mal llamados derechos sociales debido a una inadecuada ampliación del recurso de protección.
En la práctica podría verse limitado el principio de subsidiariedad. Porque el concepto “estado social de derecho” significa que el Estado asume un rol preferente o prioritario. Y subsidiariedad significa que el rol preponderante lo tiene la sociedad civil, las personas, los particulares.
¿Ayuda la propuesta a resolver los problemas de inseguridad, terrorismo, delincuencia y las demás urgencias sociales?
Estos problemas no se deben a falencias de la Constitución actual sino a la inoperancia de los distintos gobiernos y del aparato estatal, por lo que continuarán, aunque se apruebe la propuesta de nueva constitución.
La seguridad no es un derecho social. Pero para que el Estado sea eficiente en seguridad no hace falta que tenga un rol preferente o prioritario, porque subsidiariedad significa que cuando los particulares no alcanzan a suplir una necesidad el Estado tiene que actuar. Pero tiene que hacerlo bien; no significa que el estado no debe actuar.
Algunos dicen que esa parte de la subsidiariedad (que significa que el Estado actúa, y algunos le llaman principio de solidaridad) vendría a coincidir con el estado social de derecho. Pero es simplemente usar un truco semántico para disfrazar el problema con el que se encontró del Partido Republicano, y es que uno de los bordes es incompatible con el principio de subsidiariedad. Entonces fuerzan una interpretación, pero es un error porque la subsidiariedad ya prevé la participación del Estado.
¿Es efectivo que si gana el A Favor se cierra el tema constitucional y el país recupera su estabilidad? ¿Qué consecuencias podría tener que gane el En Contra?
No es efectivo. La extrema izquierda está empleada en una refundación del país y la está intentando en distintos ámbitos, entre ellos el constitucional. El resultado de diciembre no influirá en ello.
De ganar el en contra, la clase política (gobierno y oposición) se verá obligada a dar cuenta a la ciudadanía de por qué no es capaz de solucionar los problemas, lo que abre la posibilidad de que al fin enfrente algunos.
¿Qué herramientas incluye la propuesta para que, efectivamente, se acabe la violencia política, y nunca más se produzcan hechos como los del llamado Estallido Social de 2019?
La violencia política discurre por un cauce extra institucional, por lo que el cambio de Constitución no cambia la situación.
En 2019 (como en 2023) estaban las herramientas, que son los estados de excepción constitucional, con los que se restringen las libertades personales, se entrega en mayor poder al ejecutivo para que de manera de manera rápida disponga de todos los medios que le entrega la institucionalidad, incluida la fuerza, para hacer frente a una situación de excepción. Lo que pasó en 2019 fue que el gobierno no tuvo la voluntad política de usarlas.
Pero ni Piñera lo pidió, ni los congresistas tuvieron la disposición de asumir ese costo político. Entonces ¿qué sacamos con tener previstos mecanismos en la Constitución si no existe la voluntad política de usarlos? Ese es el problema que tenemos hoy en La Araucanía, que es más grave que lo ocurrido en el estallido de violencia del 2019. Podemos establecer unos mecanismos fantásticos que en la teoría pueden ser una maravilla, pero en la práctica no van a funcionar si no existe la voluntad política y los comunistas saben eso.
¿Cuál sería el camino a partir del 17 de diciembre, para que Chile se ponga nuevamente en marcha?
Desnudar la inoperancia de la clase política mediante difusión en redes sociales de modo que aparezcan líderes que devuelvan el poder a la Sociedad Civil.
Gastón Escudero Poblete es abogado y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Humanidades por la Universidad Adolfo Ibáñez y Doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra. Es empresario y dirigente gremial. Es autor de “Bien común y Stakeholders” y “Construcción de la Subsidiariedad, 1975-1990”.
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